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En 2002, Sarahí Alvarez Mendoza, ahora de 9 años de edad, estaba jugando frente a su casa de Reynosa, México, cuando una trágica caída le cambió la vida. Sarahí cayó en una zanja que una fábrica de joyería vecina usaba para arrojar y quemar residuos tóxicos. El accidente le produjo horribles quemaduras que aún hoy le obligan a ser operada periódicamente para permitir el normal crecimiento de su pierna derecha. La tragedia de Sarahí no es única, pero sí evitable. La frontera entre México y Estados Unidos es una de las regiones más contaminadas del mundo debido a que compañías estadounidenses y de otros países operan las llamadas maquiladoras, fábricas que contaminan impunemente. El Tratado de Libre Comercio (TLC) inundó la región de inversiones extranjeras pero no ha hecho nada por requerir que se cumplan las normas laborales y medioambientales. Y ahora, la administración Bush quiere ampliar el TLC a toda América Latina y el Caribe a través del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).1 Desde su accidente, la vida de Sarahí y la de sus padres han sido un calvario acentuado por la burocracia y las operaciones quirúrgicas que apenas logran pagar. Pero lo que más les duele es que Maquila Works S.A., una compañía estadounidense, y su dueño, Edward Pichirillo, continúan envenenando el barrio de Sarahí impunemente. La familia denunció el incidente ante las autoridades, pero sólo han encontrado un laberinto burocrático incapaz de administrar justicia. "Hay tantas víctimas en este caso, una niña pequeña, su familia y esta comunidad", dice Omeheira López, directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos, la organización que está asistiendo a Sarahí y su familia. "Los problemas causados por el TLC se agravan con la corrupción oficial". Al entrar en vigor el TLC, sus partidarios dijeron que las leyes medioambientales serían puestas en práctica drásticamente bajo la supervisión de una nueva comisión internacional. Pero las "protecciones para inversionistas" del TLC permiten que las compañías enjuicien a los países miembros si las leyes locales obstaculizan las ganancias.2 Después de 10 años del TLC, las corporaciones siguen sin responsabilizarse de la polución que crean. En lugar de proteger a las comunidades de la frontera, el TLC ha puesto en peligro la salud y la seguridad de esas comunidades. Pese a los fracasos del TLC, oímos de nuevo las mismas promesas, esta vez de la administración Bush, al promocionar el ALCA, un pacto que eliminaría las barreras comerciales entre 34 países del hemisferio. Las endebles regulaciones medioambientales del ALCA pondrían a comunidades como la de Sarahí en peligro en todo el continente.3 Hay mejores maneras de hacer esto. Podemos promocionar el comercio justo, no sólo libre. Y para que no se repitan casos como el de Sarahí, la administración Bush debe asegurarse de que los nuevos tratados comerciales incluyan normas aplicables de protección a communidades y el medio ambiente. Para más información contacte a: Jenny Martínez Omeheira López
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