Sierra Club
(Spanish follows)
Ever since Hurricane Maria, the vultures have been circling Puerto Rico. There’s a lot of money to be made by rebuilding most of the infrastructure of an island with millions of residents, essentially from scratch. People have tried to take advantage. They don’t call it “disaster capitalism” for nothing.
One agenda being pushed is the plan promoted by certain elected officials to make Puerto Rico the “natural gas hub of the Caribbean.” That couldn’t be farther from what the people of Puerto Rico want. We want a distributed network of clean energy, with solar panels on every roof. We don’t want to keep importing fossil fuels that keep us energy dependent and pollute our beautiful landscapes.
Recently Puerto Rico’s local legislature took a step in the right direction by passing legislation to commit to 100% clean energy. Some have even characterized the bill as “Puerto Rico’s Green New Deal.” But there’s more to the story than has been reported. While the bill requires the island to be powered by 100% renewable energy by 2050, with some benchmarks along the way, in the interim period the bill leaves open the possibility of new fracked gas infrastructure, despite widespread opposition on the island to the three proposed gas import terminals surrounding the island.
The bill also includes a controversial provision that allows biomass burning to be counted as “renewable energy.” While the law requires the burning of only “sustainable” biomass, I am strongly concerned about what opening this door could mean to our fragile ecosystems. Puerto Rico is a green tropical island. If power companies out to make a quick buck think they can qualify as renewable energy under this law, it could create an incentive for deforestation and spur the growth of a market in timber from Puerto Rico and other Carribean or Latin American sources to be burned on the island for generating electricity. Anti-garbage incineration advocates on the island have been successful stopping further development of the controversial Arecibo garbage incinerator from being built, and the last thing we need is a loophole in our new energy policy law that opens the door to deforestation and shady biomass projects. It also set 2027 as the date for the closing of the coal-fired plant AES plant in Guayama. Although I would like to see the source of pollution of our water and air to close sooner, I’m concerned, they may trade coal for biomass or more gas instead of the renewable energy we want
I’m also worried about the inclusion of tradable “renewable energy credits”, so called RECs, in the legislation as the method for accounting for how much renewable energy power companies produce. The people of Puerto Rico don’t want the burden of polluting facilities anywhere on our island. RECs need to be very carefully managed because there is a high risk in a poorly managed system that RECs will help perpetuate environmental injustice by concentrating polluting facilities in low income areas whereas higher income areas get the benefits of renewable energy.
But there’s also something revolutionary about this bill - it includes a goal for electricity consumer costs to go down to 20 cents per kilowatt-hour. This is unusual in the U.S.; I’m not aware of any other examples of local legislatures trying to mandate lower costs for electricity.
For too long Puerto Ricans have been paying among the highest prices for electricity compared to the U.S. We are an island rich in history, spirit, and culture, but with fewer economic resources than people living in other parts of the U.S. It is an injustice for the poorest people in the Island to be paying among the highest electricity costs, at prices that are more than double what others pay for the same amount of power. Even if we reached that 20 cent goal with this energy law, Puerto Rico’s energy would be the second most expensive in the U.S., behind only Hawaii. And Hawaii has a median income nearly four times higher than Puerto Rico. As our island transitions away from expensive fossil fuels which come along with high import costs, our energy should be getting dramatically cheaper. Operating a solar panel doesn’t cost any more on an island than it does in the Midwest, so there’s no reason for our energy costs to be the second highest in the U.S.
There’s a lot going on in Puerto Rico as we struggle to reimagine our energy system, and fight to retain our public utility PREPA as a resource for the public rather than an asset to be sold off to debtors.
¡Queremos Sol, No Gas de Fracking!
Por José Menéndez
Desde el embate del Huracán María, los buitres sobrevuelan Puerto Rico. Se puede ganar un montón de dinero en la reconstrucción, casi desde cero, de la infraestructura de una isla con millones de residentes. Varios han tratado de aprovecharse. No en vano lo llaman “capitalismo de desastre”.
Una muestra es el plan promocionado por ciertos funcionarios electos para convertir a Puerto Rico en la “capital caribeña del gas natural”. Esto se opone diametralmente a los deseos de los puertorriqueños. Queremos una red de distribución de energía limpia y paneles solares en todos los techos. No queremos seguir importando combustibles fósiles que nos condenan a la dependencia energética y contaminan los maravillosos parajes de la isla.
Recientemente, la Legislatura de Puerto Rico dio un paso en la dirección correcta aprobando el proyecto de ley que compromete a Puerto Rico a obtener toda su energía de fuentes limpias. Algunos lo llaman el “Nuevo Pacto Verde de Puerto Rico”. Pero no es oro todo lo que reluce. Mientras que la iniciativa requiere que la isla consuma un 100% de energía limpia para el 2050, durante la transición también deja abierta la posibilidad de más infraestructura de gas de fracking, pese a la amplia oposición en la isla a las tres terminales de importación de gas que se han propuesto.
La iniciativa también incluye una controvertida cláusula que permite que la quema de biomasa cuente como “energía renovable”. Mientras que la ley requiere la quema sea de solo biomasa “sustentable”, me preocupa gravemente que esto abra la puerta a nuestros frágiles ecosistemas. Puerto Rico es una isla tropical verde. Si las compañías energéticas decididas a ganar dinero fácil creen que la ley les permite considerarlo como energía renovable, se podría crear un incentivo para la deforestación y fomentar un mercado de madera de Puerto Rico y otras fuentes caribeñas y latinoamericanas para quemarla y generar energía.
Los activistas de la isla han tenido éxito en detener la construcción de la controvertida incineradora de basura de Arecibo, y lo que menos necesitamos ahora es una trampa en la nueva política energética que abra la puerta a la deforestación y cuestionables proyectos de biomasa. La ley también establece la fecha de cierre de la planta carbonera de AES en Guayama para el 2027. Aunque me gustaría ver esta fuente de contaminación del aire y el agua cerrar antes, me preocupa que cambien el carbón por la biomasa o más gas en lugar de la energía limpia que queremos.
También me preocupa la inclusión en la iniciativa de “créditos canjeables de energía renovable”, llamados REC, como método de contabilidad de cuánta energía renovable pueden generar las compañías eléctricas. El público puertorriqueño rechaza la pesada carga de instalaciones contaminadoras en toda la isla. Los REC tienen que gestionarse muy cuidadosamente porque existe un alto riesgo de que este sistema perpetúe las injusticias ambientales concentrando las instalaciones contaminadoras en áreas de bajos ingresos, mientras las de altos ingresos reciben solo los beneficios de la energía limpia.
Pero también hay algo revolucionario en este proyecto de ley —incluye la meta de que los costos de electricidad para el consumidor se reduzcan a 20 centavos por kilovatio/hora. Esto es inusual en Estados Unidos. Desconozco cualquier otro ejemplo de legislaturas locales que traten de mantener bajos los costes de la electricidad.
Por demasiado tiempo los puertorriqueños han pagado una de las tarifas eléctricas más altas del país. Somos una isla rica en historia, espíritu y cultura, pero con menos recursos económicos que otras partes de Estados Unidos. Es una injusticia que la gente más humilde de la isla pague algunas de las tarifas eléctricas más altas, a precios que son más del doble de lo que otros pagan por la misma cantidad de energía. Incluso si llegamos a la meta de esos 20 centavos con este proyecto de ley, la energía de Puerto Rico sería la segunda más cara de Estados Unidos, tras Hawaii. Pero Hawaii tiene un ingreso medio casi cuatro veces más alto que el de Puerto Rico.
Mientras nuestra isla hace la transición de los caros combustibles fósiles importados, nuestra energía debería abaratarse dramáticamente. Operar un panel solar no cuesta más en una isla de lo que cuesta en el Medio Oeste, así que no hay razón para que nuestros costos energéticos sean los segundos más altos de Estados Unidos.
Hay gran actividad en Puerto Rico mientras tratamos de reimaginar nuestro sistema energético y luchamos por retener nuestra Autoridad de Energía Eléctrica como un recurso público en lugar de un activo que vender a nuestros deudores.