Foto por Bryan Parras/Sierra Club
(English follows)
La industria de combustibles fósiles se comporta como la prima donna de la economía nacional. Sin importar las consecuencias catastróficas de sus actuaciones, la administración Trump sigue premiándola con ramos de rosas.
Las comunidades hispanas que sufren las consecuencias de estos desastres, en cambio, solo reciben las espinas.
Un claro ejemplo son los barrios hispanos de Houston —Pasadena, Deer Park y Manchester— que recientemente han sufrido de primera mano varios desastres petroquímicos. El más grave fue el incendio en una instalación de almacenaje de ITC que emitió enormes cantidades de sustancias tóxicas al aire y las vías acuáticas colindantes. Decenas de familias, en su mayoría hispanas, sufrieron los efectos tóxicos de venenos como xileno y benceno.
Este abuso es una plaga nacional. En los dos últimos años han ocurrido decenas de desastres petroquímicos similares, al mismo tiempo que la administración Trump ha debilitado las protecciones que ayudan a prevenir estas tragedias. De hecho, desde enero de 2017, la industria de combustible fósiles vive en un nirvana desregulador que ha dejado al público a merced del bombardeo tóxico de estos contaminadores. Que quede claro que el porcentaje de hispanos que vive junto a estas peligrosas instalaciones petroquímicas es un 60% mayor que la media nacional.
Un estudio del New York Times reveló que desde su llegada al poder, la administración ha debilitado o eliminado 84 protecciones, favoreciendo abrumadoramente los deseos de los contaminadores fósiles.
El Eliminador en Jefe de estas protecciones es el ex cabildero carbonero y actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Andrew Wheeler, cuyo proyecto más reciente es acabar con los análisis científicos que evalúan el daño que causa la contaminación del aire. La meta de Wheeler es debilitar el Plan de Energía Limpia, la herramienta fundamental de Estados Unidos para cumplir con sus metas climáticas internacionales.
Según la misma EPA, el Plan de Energía Sucia de Wheeler contribuiría a las muertes prematuras de 1.400 personas al año, debido a males respiratorios y coronarios. Wheeler también está tratando de debilitar los Estándares de Mercurio y Toxinas en el Aire que protegen a mujeres embarazadas y niños pequeños contra los efectos de estos venenos.
Esta insidiosa narrativa —sucio, bueno; limpio, malo— es un desesperado intento de ocultar los verdaderos costes de los combustibles fósiles. Según un reporte del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos gasta más en subsidiar los combustibles fósiles que en sus fuerzas armadas. En 2015, los subsidios directos e indirectos al petróleo, carbón y gas alcanzaron los $649 mil millones, mientras que el Pentágono recibió unos $600 mil millones.
El cálculo de estos subsidios incluye las llamadas externalidades de esta industria, incluyendo los descomunales costos de su contaminación a la salud nacional. El estudio también reveló que los subsidios mundiales a esta industria se elevaron a $4,7 billones (trillions en inglés). El FMI llegó a la pasmosa conclusión de que si se hubiera puesto un precio justo a estos combustibles, se hubieran reducido las emisiones climáticas en un 28%, y se disminuirían las muertes prematuras en el mundo en un 50%.
Y hablando del Pentágono, en un informe al Congreso advirtió que dos terceras partes de sus instalaciones esenciales son vulnerables a la crisis climática, concretamente la subida del nivel del mar y los incendios forestales.
Mientras la administración sigue con la cabeza firmemente enterrada en la arena alegando ridículamente que las turbinas eólicas causan cáncer, el avance de la economía de energía limpia continúa imparable. Cinco estados más Puerto Rico y el Distrito de Columbia, y más de 120 ciudades se han comprometido a generar un 100% de energía limpia, y varios proyectos de construcción de gasoductos han sido derrotados o intensamente confrontados en Carolina del Norte, Maryland, Nueva York, Virginia y Virginia Occidental.
En una economía en la que la energía limpia rápidamente se convierte en su prima ballarina, no hay espacio para prima donnas.
No More Room for Polluting Prima Donnas
The fossil fuel industry behaves like the national economy’s prima donna. Regardless of the catastrophic consequences of its performances, the Trump administration continues to reward it with bouquets of roses.
The Latino front-line communities who suffer the consequences of these disasters, on the other hand, only get the thorns.
A clear example are the Latino barrios of Houston —Pasadena, Deer Park and Manchester— that recently have been on the receiving end of several petrochemical catastrophes. The gravest of them all were the raging fires at the ITC storage facility, which spewed huge amounts of toxics into the air and nearby waterways, including including xylene and benzene. Dozens of families, overwhelmingly Latino, suffered the effects of this pollution, including dizziness, shortness of breath, headaches, and nosebleeds.
This abuse occurs across the country. In the last two and a half years, countless petrochemical disasters have taken place in the US, while at the same time the Trump administration has been weakening the protections that help prevent these tragedies. In fact, since January of 2017, the fossil fuel industry is living in a deregulatory nirvana that has left the public at the mercy of the polluters’ toxic bombardment. And keep in mind that the percentage of Latinos living in fenceline zones is 60% greater than the US population as a whole.
A New York Times investigation revealed that since arriving to power, the administration has either weakened of eliminated 84 protections, almost exclusively favoring the wishes of the fossil fuel polluters.
The chief eliminator of these protections is former coal lobbyist and current EPA Administrator Andrew Wheeler, whose most recent project is to abandon peer-reviewed science about the damage air pollution does to our health. Wheeler’s goal is to weaken the Clean Power Plan, the US government’s fundamental tool to meet its international climate commitments.
According to the EPA itself, Wheeler’s Dirty Power Plan would contribute to the premature deaths of 1,400 people a year, due to asthma, heart attacks, and strokes. Wheeler is also trying to roll back the Mercury and Air Toxins Standards, which protect pregnant women and young children from the impacts of these poisons.
This insidious narrative — dirty, good; clean, bad — is a desperate attempt to hide the true costs of fossil fuel pollution. According to a report by the International Monetary Fund, the US spends more in subsidizing oil, coal, and gas than on its armed forces. In 2015, the cost of direct and indirect subsidies hit $649 billion, whereas the Pentagon received about $600 billion.
The report also found that the world spends $4.7 trillion in fossil fuel subsidies by looking at the whole picture, including the colossal cost of pollution to the public health. The IMF reached the mind-blowing conclusion that had these fuels been fairly priced, we would have used less of them, thus reducing the world’s climate emissions by 28% and premature deaths by a whopping 50%.
Speaking of the Pentagon, in a report to Congress, it has warned that two thirds of its mission-essential installations are vulnerable to the effects of the climate crisis, specifically to sea level rise and wildfires.
While the administration keeps its head firmly buried in the sand, ridiculously stating that wind turbines cause cancer, the clean energy economy advances unabated. So far, five states plus Puerto Rico and the District of Columbia and more than 120 cities across the country have committed themselves to rely on 100% clean, renewable energy. Also, several fracked gas projects have been either defeated or intensely opposed in Maryland, New York, North Carolina, Virginia and West Virginia.
In an economy in which clean energy is fast becoming its prima ballerina, there is no room for prima donnas.